CIUEl secretario general del Grupo Parlamentario Catalán (CiU), Josep Antoni Durán i Lleida, ha anunciado al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) que su grupo parlamentario ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para elevar del 5% al 7% la reserva de empleo público para las personas con discapacidad. 

Dicha propuesta fue planteada este verano por el CERMI con el objetivo de que este incremento del 2% de las plazas se reserve para ser cubierto por personas con discapacidad intelectual, ya que este sector, en opinión del Comité, no cuenta con las mismas oportunidades que el resto de los demandantes de empleo.

En la proposición, el CERMI sugiere realizar pruebas independientes para las plazas reservadas a personas con discapacidad y que cuando los puestos cubiertos no alcancen el 4% de las plazas convocadas, se acumulen al cupo del 7% de la oferta siguiente, con un límite máximo del 15%. Del mismo modo se propone establecer este cupo también para cubrir puestos de personal laboral o interino y en las pruebas de promoción profesional.

En una reunión mantenida ayer por Durán i Lleida, acompañado de los diputados Carles Campuzano y Concepción Tarruella, CiU expresó su compromiso por “mantener la discapacidad dentro de la agenda política y hacer un seguimiento de las acciones del Gobierno para que se cuente con la discapacidad”, según expresó el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno.

Los representantes del CERMI, encabezados por Luis Cayo Pérez Bueno, presidente de la entidad, han trasladado a Duran i Lleida las grandes líneas de acción política de la discapacidad para la presente Legislatura y han agradecido al Grupo Catalán que mantenga permanentemente la discapacidad en la agenda parlamentaria a través de iniciativas y acciones de control al Gobierno.

Tras escuchar las demandas del CERMI, los diputados de CiU se han comprometido a plantear con urgencia iniciativas relacionadas con el empleo de personas con discapacidad, a fin de evitar o paliar los efectos de la crisis económica sobre todo en el empleo protegido. También han anunciado que realizarán un seguimiento estrecho del despliego de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que según el Grupo Parlamentario está resultando muy problemática y no llega a los ciudadanos.

Junto al presidente del CERMI que asistieron a la reunión, Paulino Azúa, Comisionado del CERMI para Autonomía Personal y Ana Sastre, Delegada del CERMI para la Convención de la ONU.

Fuente Servimedia.