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El CERMI planteó la exención de estos costes para las personas con discapacidad menores de 65 años cuyas rentas sean inferiores a 2,5 veces el IPREM y no 1 IPREM como aparece en los proyectos de acuerdo
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Así no quedaría garantizado el principio consagrado en la Ley de que nadie dejará de recibir prestaciones por carecer de recursos propios
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También pedían que el máximo de aportación del beneficiario no supere el 80% de la capacidad económica de la persona en situación de dependencia, rebajándose así el límite de hasta el 90% que figura en los borradores de acuerdo
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Estos proyectos de participación en el coste y acreditación del SADD serán conocidos por el Consejo Territorial mañana sin tener en cuenta estas peticiones
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha expresado hoy su rechazo a los proyectos en materia de participación en el coste (copago) y acreditación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) “porque no tiene en cuenta las reivindicaciones del sector de la discapacidad”.
Por este motivo, el sector de la discapacidad rechaza estos proyectos en sus actuales términos ya que considera que las personas con discapacidad y las personas mayores en situación de dependencia se sienten excluidos o relegados de su configuración básica. El presidente del CERMI ha pedido “que no se hagan las leyes a espaldas de las asociaciones que representan a los beneficiarios”.
El CERMI ha planteado reiteradamente ante el Consejo Nacional de la Discapacidad, la exención de participar en el coste de los servicios para las personas con discapacidad menores de 65 años con rentas inferiores a 2,5 veces el IPREM, y no 1 IPREM como aparece en los proyectos de acuerdo. Según esto no quedaría garantizado el principio consagrado en la Ley de que nadie dejará de recibir prestaciones por carecer de recursos propios.
Según el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, “las personas que adquieren la situación de dependencia cuando nacen, o a edades muy tempranas, no tienen la posibilidad de de crear un patrimonio, de acceder a un empleo. Y si tienen un empleo, trabajan para subvenir las necesidades que todos tenemos como la educación, el ocio, etc. no pueden dedicar el 90% de su capacidad económica para pagar un servicio”.
También pedía que el máximo de aportación no supere nunca el 80% de la capacidad económica de la persona en situación de dependencia, rebajándose así el límite de hasta el 90% que figuraba en los borradores de acuerdo. “Si la persona aporta el 90% del coste del servicio, le queda un derecho residual del 10% y estaríamos en ese caso ante la “compra de un derecho”, añadió Pérez Bueno.
Por otro lado, considera que hacer participar a todas las personas en situación de dependencia del mismo modo en el coste de las prestaciones, sin tener en cuenta la edad, resulta “materialmente injusto, pues se aplican los mismos criterios para realidades contrapuestas”. La situación de partida de las personas mayores y la de las menores de 65 años en situación de dependencia son muy distintas, por lo que deberían tener un trato diferenciado con diferentes criterios, según el CERMI.
Respecto del acuerdo de acreditación de servicios y centros, el Comité de la discapacidad ve preciso que figure la mención explícita a los servicios de promoción de la autonomía personal
El jueves 27 de noviembre el Consejo Territorial del SADD conocerá estos proyectos de participación en el coste y acreditación del Sistema, sin tener en cuenta ninguna de las propuestas del sector de la discapacidad. El CERMI confía en que los miembros del Consejo Territorial reconsideren la posición actual y recojan las peticiones de la discapacidad.
De izquierda a derecha: Roser Romero, miembro del comité ejecutivo del CERMI; Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI; Alberto Durán, secretario general del CERMI y Paulino Azúa, director de FEAPS.
Fuente Servimedia.
