El citado tratado internacional obliga a los Estados parte, entre los que se encuentra el Reino de España, a designar uno o varios organismos privados, independientes de la Administración, encargados de realizar el seguimiento de la aplicación de la Convención en cada país.
Para dicho fin, el CERMI creará un consejo amplio, que actúe como organismo de supervisión, en el que estarán representadas todas las instancias de la sociedad civil que trabajan en la promoción y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Una vez reciba la designación oficial por parte del Gobierno, dicho consejo operará emitiendo informes anuales de seguimiento y planteando propuestas y recomendaciones como consecuencia de las investigaciones y quejas que reciba.
Junto a los posibles organismos privados de seguimiento, la Convención prevé que exista también un órgano público, de carácter gubernamental, condición que en el caso de España ha recaído en el Consejo Nacional de la Discapacidad, creado por la Ley 51/2003.
El CERMI es la plataforma de representación y encuentro de las personas con discapacidad que aglutina a casi 5.000 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los cerca de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades de este colectivo.
