En este acto, en el que se han analizado las diferentes formas de defensa jurídica que tienen las personas con discapacidad, la vicepresidenta del Comité de la ONU y comisionada de Género del CERMI, Ana Peláez, ha abordado las funciones y objetivos del Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.
En este sentido, Peláez ha avanzado que el próximo 21 de octubre se celebrará en el Palacio de las Naciones Unidas (Ginebra) el Día del Debate General, organizado con el fin de tratar el igual reconocimiento de las personas con discapacidad ante la ley.
También ha manifestado que el debate tratará de profundizar en el artículo 12 de la Convención de la ONU, que consiste en el derecho al reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
“Este debate busca promover la inclusión y participación de las personas con discapacidad en el acceso a la justicia, por lo que presentará medidas prácticas necesarias para aplicar la protección de este colectivo ante la ley”, ha añadido la vicepresidenta del Comité de la ONU.
Por su parte, la delegada del CERMI para la Convención de la ONU, Ana Sastre, ha presentado la “Guía para la Autodefensa de las Personas con Discapacidad del CERMI estatal”, que “pretende orientar, no siendo una guía exhaustiva, a las personas con discapacidad sobre derechos individuales para, así, defenderlos y conquistarlos, y, sobre todo, para hablar en contra de la discriminación”.
En la jornada también se ha presentado el libro “Análisis de los desarrollos normativos del SAAD. Estudio comparativo autonómico”, elaborado por la Confederación Autismo España y Landwell – PWC y editada por CERMI Estatal.
Este estudio, presentado por la asesora jurídica de la Confederación Autismo España, Inés de Araoz; y por el abogado de Landwell-PWC, José Miguel López, se centra en los procedimientos por los que se puede reconocer la situación de dependencia de las personas con discapacidad, en función de cada comunidad autónoma.
En este sentido, José Miguel López ha solicitado que “se lleve a cabo una uniformidad en los plazos ante la disparidad existente para el reconocimiento de la situación de dependencia y, también, una mayor diligencia por parte de la administración a la hora de trabajar”.
Entre otras ponencias, destacó la intervención de la magistrada-juez de Primera Instancia número 78 de Madrid, María Asunción Perianes; y del miembro de la Fiscalía General del Estado, Carlos Ganzenmüller, quienes explicaron la función de los jueces y del Ministerio Fiscal, respectivamente, respecto a la tutela y defensa de las personas con discapacidad
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