La Asamblea de Madrid asistió entre noviembre y marzo a un auténtico desfile de expertos en sanidad. Comparecieron 73, procedentes de los ámbitos más variados: del sistema público, la empresa privada, organizaciones profesionales y sindicales, universidad… Cinco meses y casi 40 sesiones. La comisión de estudio de la sanidad fue la más larga y con más actores desde que Esperanza Aguirre es la presidenta regional (noviembre de 2003). Cuando terminó, los grupos elaboraron sus propuestas de dictamen. Ganó la del PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara. Un texto de 60 páginas que concluye, básicamente, que la colaboración público-privada es más eficiente que la pública.
Pero tanto trabajo, análisis y discusión pública no parecen ser suficientes, porque la Consejería de Sanidad ha decidido contratar a una empresa para que realice un «estudio de investigación sobre la colaboración público-privada en materia sanitaria», según una resolución del pasado 29 de junio. Es decir, prácticamente lo mismo que estudió la comisión. La empresa que gane el concurso recibirá 30.000 euros y su cometido será analizar «los modelos de colaboración público-privada en materia sanitaria, con un enfoque multidisciplinar: organizativo, jurídico y económico».
La adjudicataria entregará su estudio en cuatro meses. El pliego de condiciones especifica que tendrá que analizar los modelos de colaboración público-privada de todas las comunidades autónomas y las experiencias de otros países. En la comisión comparecieron altos cargos de la Consejería de Sanidad madrileña; el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata; gerentes de hospitales de otras comunidades autónomas; el director general del servicio de salud británico (NHS), Mark Britnell, y un ex diputado del Parlamento sueco, Mauricio Rojas. Los dos últimos, a petición del PP.
Muchos comparecientes reclamaron en sus intervenciones un observatorio, órgano o comisión que vigilara las nuevas formas de gestión; es decir, la entrada de empresas privadas en la sanidad madrileña. Los populares eliminaron de sus conclusiones finales una propuesta que habían planteado ellos mismos: crear una comisión permanente, como un observatorio, para evaluar la calidad de los hospitales y ante la que deberían comparecer los gerentes. Según Sanidad, el estudio, «elaborado por un tercero independiente y de prestigio», «daría continuidad y complementaría el dictamen de la comisión».
El informe, según el pliego de prescripciones técnicas, se centrará en tres ámbitos: el organizativo (gestión de los recursos), el jurídico (análisis de modelos, como la gestión directa o la concesión de obra pública, que es el de los nuevos hospitales de Aguirre, etcétera) y el económico (eficiencia de los modelos y repercusión en los presupuestos públicos). La convocatoria no explicita la habilitación empresarial o profesional del licitante. «No procede», se lee en la resolución.
Fuente: El País