La postura del CERMI, compartida con la del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), sostiene que el texto “supone un claro retroceso con el enfoque de derechos humanos de la discapacidad que defiende la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en vigor desde hace más de un año”.
En concreto, ambas entidades denuncian, por ejemplo, que la obligación de garantizas la accesibilidad deba cumplirse en un plazo máximo de 10 años para los edificios e infraestructuras nuevas, y de 20 en el caso de las ya existentes. “Esto significa que los Estados miembro podrán autorizar la construcción de estructuras nuevas inaccesibles durante los 10 años siguientes a la adopción de la Directiva”.
En el texto tampoco se recoge una descripción detallada de cómo deberá cumplirse esta obligación de accesibilidad ni de qué forma se realizará el control de su cumplimiento, entre otras cuestiones. Asimismo, la propuesta “exime de incluir las reclamaciones relacionadas con la obligación de ajustes razonables y de accesibilidad en general en los procedimientos judiciales de defensa de los derechos, ofreciendo en su lugar que los Estados puedan determinar la aplicación de procedimientos administrativos o de conciliación para dichas reclamaciones”.
Por tanto, el CERMI y el EDF consideran el texto “inaceptable, débil y vacío de cualquier significado práctico para las personas con discapacidad”. Con una propuesta así “no podrá esperarse ninguna mejora en la accesibilidad de los entornos, hasta que haya pasado un lapso de tiempo suficientemente significativo”.
Ambas entidades subrayan que la propuesta “en lugar de ampliar el derecho a la igualdad, lo debilita considerablemente” y hacen un llamamiento para que los Estados Miembro trasladen sus objeciones a la actual propuesta y urge a la Presidencia Sueca “a revisarla en consonancia con los principios de derechos humanos, igualdad y no discriminación incluidos en la legislación de la UE”.
En este sentido, el CERMI se ha dirigido a los Ministerios de Igualdad y Sanidad y Política Social para expresar su disconformidad y recordar que sería muy positivo que fuese España quien liderase la adopción de esta Directiva en las condiciones planteadas por el tejido asociativo de la discapacidad. Constituiría, a su juicio, “no sólo un éxito político excepcional, sino sobre todo un acontecimiento histórico en la lucha contra la discriminación”.
Tanto el CERMI como el EDF aseguran que apoyarán la Directiva siempre que se ajuste a las demandas del sector de la discapacidad, permita eliminar barreras y conseguir que la igualdad de oportunidades y la participación de este colectivo en todos los aspectos de la vida sean realmente efectivas.
