• Sugiere crear una Fundación, dirigida por los ministerios de Interior y de Sanidad y Política Social, donde el sector social de la discapacidad esté también representado e implicado directamente

(Madrid, 13 de julio de 2010).- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado una propuesta de modelo de gestión para los fondos recaudados por las multas de Tráfico que serán destinados a actuaciones en materia de seguridad vial, prevención de accidentes de tráfico y ayuda a las víctimas.

La propuesta del CERMI es crear una Fundación del Sector Público Estatal, dirigida por los ministerios de Interior y de Sanidad y Política Social, donde el sector social de la discapacidad esté también representado e implicado directamente.

El modelo propuesto permite gestionar de forma eficiente los recursos económicos, mediante una figura jurídica que combine la carencia de fin de lucro con la transparencia y agilidad necesarias. Asimismo, da cabida a la participación de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias que pueden aportar una experiencia clave en la gestión y desarrollo de programas.

Las características propias de esta Fundación serían constituirse con una aportación mayoritaria de la Administración General del Estado, y además, según el CERMI, “no podrá ejercer potestades públicas, estando su ámbito de actuación limitado a la realización de actividades relacionadas con el ámbito competencial de las entidades del sector público estatal fundadoras”. Por todo ello, “la Fundación debería tener como fin único la gestión de los recursos provenientes de las sanciones para ayuda a las víctimas”.

Las personas que recibirían apoyo por parte de la Fundación serían aquellas personas jurídicas entre cuyos fines estén el promover programas de atención, apoyo y soporte a las víctimas de los accidentes de circulación.

La Fundación financiaría programas e iniciativas dirigidas a la rehabilitación personal y social de las víctimas, maximizar su autonomía personal, promover la existencia de entornos accesibles (viviendas, transportes, etc.), la defensa jurídica, económica y patrimonial, así como establecer medios de apoyo, orientación y asesoramiento y difundir la cultura de ayuda mutua y el asociacionismo, entre otras actividades.

El modelo de propuesta del CERMI cumple los principios básicos que debe regir la gestión de este tipo de recursos. Estos son el de agilidad, eficacia en la gestión, transparencia, control por parte de las administraciones, sometimiento al Derecho Público, delimitación de posibles beneficiarios, definición de programas financiables y representatividad de las víctimas de los accidentes de tráfico.

Finalmente, sea éste u otro el modelo elegido, el CERMI, como principal órgano representante de las personas con discapacidad en España, deberá tomar un papel activo tanto en la gestión de programas como en la defensa de las personas con discapacidad y sus familias. Por tanto debe estar presente en cualquier iniciativa que se proponga por parte del Ministerio del Interior al Gobierno para la gestión de los recursos derivados de las sanciones económicas, uno de cuyos fines es ayudar a las víctimas, que normalmente presentan algún tipo de discapacidad.

Fuente Servimedia