En el 7º aniversario de la promulgación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, el movimiento social de la discapacidad articulado en torno al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) comprueba que este nuevo dispositivo de protección social ha traído más decepciones que soluciones a los centenares de miles de personas con discapacidad y mayores que necesitan apoyos intensos para su autonomía personal.
Para las organizaciones representativas de la discapacidad, la falta de voluntad, los desencuentros y los crecientes recortes de los distintos gobiernos y administraciones públicas responsables de su puesta en marcha en estos 7 años han llevado a un fracaso colectivo que ha defraudado las enormes expectativas de mejora de la atención que habían depositado en este texto legal las personas mayores y con discapacidad.
7 años después de su entrada en vigor, el balance que hace el movimiento social de la discapacidad no puede ser más que negativo, ya que estamos lejos de ver implantado un sistema de protección social, con rango de auténtico derecho, que proporcione apoyos reales y efectivos para promover la autonomía y la vida independiente de las personas con discapacidad y mayores.
La sensación es de oportunidad desaprovechada y de intento fallido, que revela la incapacidad de las estructuras de poder del país, para conectar con las necesidades genuinas de la población más expuesta a la vulneración de sus derechos y darles soluciones eficaces a la altura del problema.
Ante esta triste situación, el CERMI reclama un auténtico pacto de Estado que revitalice la Ley y su aplicación, corrigiendo los errores cometidos, orientando el sistema hacia la autonomía personal y garantizando una financiación adecuada que no haga recaer el esfuerzo una vez más en las personas con discapacidad y mayores, y en sus familias.
Mejor normas para mejorar contratación
La contratación de trabajadores con discapacidad aumentaría más intensamente si España dispusiera de un mejor marco normativo y de apoyos a la promoción de la inclusión laboral, global, amplio y actualizado, para este sector social, que trascienda y supere el vigente, que data de hace más de 30 años.
El CERMI formula esta afirmación después de conocerse los datos de contratación de personas con discapacidad de 2013, acumulados hasta el mes de noviembre del año en curso.
Según datos oficiales del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), sistematizados y difundidos por FEACEM, entidad miembro de CERMI, la evolución mensual de la contratación de personas con discapacidad presenta, en el acumulado a noviembre de 2013, un resultado superior al mismo período de 2012.
Así, hasta el mes de noviembre de 2013, se han realizado un total de 64.132 contratos para personas con discapacidad lo que supone un 12,9 % más de contratos respecto al número de contrataciones realizadas en el acumulado a noviembre de 2012 (56.800 contratos).
El número de contratos acumulados a noviembre de 2013 es también superior al número de contratos acumulados a noviembre de 2011 (un 11,3 % superior). La contratación de personas con discapacidad en centros especiales de empleo, muestra un incremento respecto al año anterior; la contratación en empresas que no son centros especiales de empleo mejora y presenta también un resultado ligeramente superior al año anterior.
La evolución mensual de la contratación de personas con discapacidad en centros especiales de empleo presenta, en el acumulado a noviembre de 2013, un resultado superior al mismo período de 2012. Así en el acumulado a noviembre de 2013 se ha realizado un total de 45.486 contratos para personas con discapacidad en este tipo de empresas, lo que supone un incremento del 17 % respecto a las contrataciones realizadas en el acumulado a noviembre de 2012 (38.872 contratos).
Fuente LewyerPress.com
