El copago es lo que la persona usuaria de un servicio o recurso público ha de satisfacer económicamente para obtenerlo. La parte que ha de aportar a cambio de recibirlo. Esto existe en el sistema para la autonomía y atención a la dependencia, por principio, desde que se aprobó la Ley que lo estableció, en 2006, antes de la crisis.
El copago llega a ser confiscatorio cuando exige a la persona usuaria que aporte casi todo lo que tiene de capacidad económica para recibir el recurso. Si reparamos en que hay copago de hasta el 90 %, se entenderá por qué hablamos de incautación. Todo o casi todo lo que tiene la persona se destina a un mismo fin, y si no lo aporta, no lo obtiene. Más que de un derecho subjetivo proporcionado por un dispositivo público, habría que hablar de compra de derecho, es decir, de mercado puro y duro, y eso ya existía antes de la Ley.
Tras más de ocho años de aplicación de la Ley, lo que está ocurriendo es que hay personas con discapacidad expulsadas del sistema de protección social por imposibilidad de hacer frente a sus exigencias económicas exorbitadas. Y en el futuro, nos tememos, habrá rechazo al sistema y a lo que significa, ni siquiera se acercarán al mismo, por sentirlo inamistoso y hostil. Actuarán como si no existiera, dejados a su suerte.
Para hacer frente a este penoso estado de cosas, desde el movimiento social de la discapacidad hemos promovido una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que es la forma, regulada en la Constitución, que tiene la ciudadanía de plantear al Parlamento una propuesta de cambio legal. La hemos centrado en la cuestión del copago, que es la más sangrante. Podíamos haber planteado muchos más cambios, pues la Ley el modelo están muy lejos de ser perfectos, pero hemos preferido ir a lo más doloroso e injusto, el dichoso copago.
Por medio de esta ILP, proponemos un mínimo exento, 2,5 IPREM, es decir, quien no alcance esa capacidad económica mensual no tendría que copagar, y límites del 60 % como máximo, para que a la persona, en el entorno más intenso de protección, siempre le quede una parte para su economía personal. Además, y esto es de enorme relevancia, que estos criterios estén en la ley nacional y por tanto sean aplicables a todos los territorios, para asegurar la igualdad real y efectiva, sin agravios por razón de residencia, en esta o en otra Comunidad. Las Comunidades solo podrían apartarse del régimen común e igual para mejorarlo, es decir, para establecer la gratuidad, objetivo deseable por antonomasia, solo para eso.
Necesitamos 500.000 firmas para que esta ILP prospere. Firmas de personas con nacionalidad española, mayores de 18 años, censados como electores. Necesitamos el apoyo social de la ciudadanía mediante el sencillo acto de firmar unos pliegos dispuestos al efecto (o mediante firma electrónica a través de internet solo para quien la tenga reconocida oficialmente).
Las personas mayores y las personas con discapacidad son, somos partes de la sociedad todavía muy discretas, calladas, que no levantamos la voz y que despertamos aún poco la atención de la opinión pública. La exclusión estructural a las que hemos estado sometidos tiene esos resultados. Pero el malestar está ahí, vivo, palpitante, el sentimiento de injusticia y maltrato es evidente. Ha llegado el momento, el de la ciudadanía. Afirmar los derechos mediante un gesto simple, la firma.
Para más información: ILP CERMI
Contacto: noalcopago-ilp@cermi.es
Luis Cayo Pérez Bueno
Presidente del CERMI
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